El cierre de clínicas privadas

El cierre de clínicas privadas

Otra espada de Damocles para los médicos

La difícil situación que atraviesan los prestadores repercute en la situación laboral y salarial de los profesionales de la salud. Cuáles son los factores que inciden en este problema que se viene registrando en la provincia desde hace más de 20 años. Desde el comienzo del siglo, el sector privado de la salud, específicamente las clínicas y sanatorios, han enfrentado una dura crisis, producto de múltiples factores. (Alejandra Beresovsky)

Se trata de una alerta que cada año actualizan desde la entidad que nuclea a la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba (ACLISA). Por caso, la entidad advirtió en 2019 sobre que había desaparecido el 75% de los establecimientos desde 2000 y subrayó que estaban cerrando entre 15 y 20 sanatorios por año.

De acuerdo con la institución, el Gobierno de la Provincia hizo en 2000 un informe según el cual había 405 instituciones privadas con internación en la provincia, cifra que se redujo a 205 en 2013 y a menos de 100 en 2019.

En diálogo con Ethica, el Dr. Juan Gras, presidente de ACLISA afirma: “Tenemos un problema económico que no se resuelve, ya que desde diciembre de 2023 a este año el aumento de precios relacionados a la salud supera el 170% y, si nos remontamos a octubre de 2023, asciende al 200%.

En el mismo tiempo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 117%. Es decir, estamos por encima de la inflación general”. Paralelamente –asegura Gras–, los precios de las prestaciones de salud no se recompusieron al mismo nivel.

Hay otros factores que se suman para profundizar las dificultades, según indica el presidente de ACLISA. Por caso, el sector dejó de percibir el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) –una ayuda que daba el Gobierno a las instituciones de salud para el pago de sueldos– en diciembre de 2023. También perdió vigencia el decreto 300/2020 que permitía una condonación de las contribuciones patronales en un 95% y una disminución del Impuesto al Cheque.

Respecto específicamente de la situación de las clínicas en el interior de la provincia, el Dr. Gras apunta que hay algunas instituciones que tienen retrasos en pagos de haberes a los empleados, así como demoras en liquidar aguinaldos. “Hay muchas evaluando iniciar un procedimiento de crisis, un concurso de acreedores o hasta un cierre”, añade.

En diciembre, con la finalización de las actividades de la clínica privada Rosa Mística, Santa Rosa de Calamuchita –una zona con alto crecimiento demográfico– quedó sin establecimientos con internación, lo que deja la atención librada exclusivamente al sistema público de salud.

Desde aquella zona, ante la consulta de Ethica, la Dra. Sara Silvina Erba, delegada del Consejo de Médicos en Calamuchita, asegura que la atención en el sector público enfrenta el desafío de una sobredemanda difícil de cubrir.

Por su parte, el Dr. Daniel Martelli, secretario de la Comisión Directiva de la Federación Médico Gremial de Córdoba, manifiesta: “Es muy grave la situación y no es nueva. Fácilmente se está produciendo desde hace 25 años; siempre se dijo y nadie tomó cartas en el asunto. Pero ahora está tomando ribetes dramáticos”.

Martelli subraya que, mientras se reducía el número de clínicas privadas, aumentaba el de hospitales públicos, que absorbieron la demanda. “Cuando había 400 clínicas, existían nueve hospitales; ahora que hay 100 clínicas, hay más de 40 hospitales”, grafica. “Pero el sector privado sigue atendiendo al 70% de la población y el público, al 30%”.

El Dr. Fernando Palloni, del Colegio Médico Laboulaye, apunta a otro componente de la crisis: “En las clínicas chicas, se hacen cirugías que tienen módulos bajos y poca rentabilidad. Se necesitan diez operaciones de apéndice para pagar un sueldo; mientras que, en Córdoba, una cirugía cardíaca paga un sueldo”. En relación con lo que sucede en el sector público, opina: “Los hospitales son para un 30% de la población que no tiene cobertura. Si cae la parte privada, el público no va a poder responder a la demanda”.

Problemática nacional 

Lo que sucede en Córdoba no es diferente de lo que acontece a nivel nacional: un artículo del diario La Nación publicado en abril del año pasado consignando datos del Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes), creado en 2009 por el Gobierno, de 25.264 prestadores privados, 1.670 corren riesgo de cierre. La misma nota alertaba que la ex AFIP contaba con 5000 cuits del sector de la salud, desde hospitales, clínicas o sanatorios hasta geriátricos, cumplían las condiciones para ser ejecutados por deudas con el organismo.

FAES, en tanto, subrayó que en el sistema de salud argentino alrededor del 60% de las personas obtienen su asistencia sanitaria en efectores de gestión privada (clínicas, sanatorios y hospitales privados), ya que cuentan con cobertura de obra social. Esa situación, sin embargo, exhibe una debilidad: la financiación del sector depende de recursos proporcionales a los salarios.

De tal manera que, cuando éstos pierden poder adquisitivo como ha ocurrido durante los últimos 10 años, se producen tres tipos de desequilibrio: (a) entre recursos de financiadores y aranceles que deberían pagar para cubrir costos, (b) entre aranceles que reciben los efectores de gestión privada y costos de prestación y (c) entre ingresos de profesionales médicos y su costo de vida”, destacó.

El último estudio económico publicado por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim) indica que la última aceleración inflacionaria golpeó a todo el país, pero con particular virulencia al sector de la medicina privada, muy afectada, además, por la pandemia, de la que –aclara– todavía no se recuperó.

“A partir de abril de 2023, la inflación volvió a experimentar otra aceleración, que tomó por sorpresa y/o sin suficiente fuerza negociadora a los prestadores médicos privados, haciendo que el precio de los módulos se acelerará también, pero detrás del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, señala el trabajo. “En la primera mitad de 2024, se llegó a la situación de que el precio de los módulos estuvo algo por encima del IPC –tomando como base enero de 2020–, pero la carrera ha sido desigual. Los precios de los prestadores médicos privados corrieron por detrás de la inflación general”, completa.

En paralelo, afirma que los costos de producir atención médica tuvieron una evolución más similar a la inflación que a los precios de los módulos. “En otras palabras –concluye–, los prestadores médicos institucionales vivieron y siguen viviendo con la línea de flotación de los costos por encima de la cabeza”.

Impacto en el personal de salud 

El informe de Adecra y Cedim admite que “el aspecto más negativo de la tendencia a la pérdida de la sustentabilidad financiera es que la caída del salario real del personal de las instituciones privadas de salud se vuelve inexorable”. Precisa que el salario real del personal sanitario tuvo una estrepitosa caída en 2020 y se recuperó ligeramente en 2021 y en 2022, pero que en 2023 la aceleración inflacionaria y la profundización de la caída en la sustentabilidad llevó a la profunda caída del salario real del personal. Añade que, en el segundo semestre del año pasado, ya se observaba un nuevo aplanamiento del salario real.

La Federación Mundial de Educación Médica confirmó a comienzos de enero que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria cumple con los elevados criterios requeridos para que los profesionales médicos puedan ejercer en cualquier lugar del mundo sin necesidad de recertificar sus títulos.

Esa apertura de oportunidades en otros países, más la pérdida de competitividad en los salarios reales de los médicos, podría derivar en la pérdida de recursos humanos valiosos para la atención sanitaria en la Argentina.

En ese sentido, en diálogo con el programa radial Alassia es Noticia, el presidente del Consejo, el Dr. Héctor R. Oviedo aclaró que quienes quieran ejercer en el exterior no tendrán que rendir materias extra, pero sí matricularse en la plaza elegida. Considero que es algo positivo para quiénes quieren emigrar, pero advirtió que esta situación puede facilitar el éxodo.

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