La atención de la salud en crisis

Médicos, pacientes y clínicas, los damnificados

El atraso en el pago de los honorarios médicos y de los servicios que ofrecen centros de salud  por parte de los financiadores y las obras sociales, en el contexto de una devaluación, derivaron en el alerta sobre el cobro de un plus por parte de Clínicas y Sanatorios y en el duro comunicado de nuestra institución en defensa de los colegas y de los pacientes, que reproducimos en nuestra página editorial. La situación viene arrastrándose desde hace tiempo como una práctica indebida, que la situación económica agrava y pone al sistema en riesgo de colapso. Al comunicado mencionado que describe el problema, le añadimos las distintas repercusiones que ha tenido la manifestación pública del problema.

Los acontecimientos
Ante el atraso en los pagos y el congelamiento, las Clínicas y Sanatorios alertan que ante la grave situación, profundizada por la última devaluación, no tienen otros caminos, que acudir- en algunos  casos ya está en práctica- a un cobro de copagos o plus a los afiliados a la medicina prepaga.

El argumento se basa en una serie de causas, que afectan de distintas maneras al sector, pero recaen muy especialmente en prestadores y pacientes. Entre ellos se menciona el congelamiento de las cuotas por noventa días, la fuerte suba de precios, y la falta de insumos fundamentales en la atención de la salud.

Las financiadoras y las obras sociales expresan que dicho congelamiento conduce a que “no habrá aumento de aranceles a las sanatorios y centros médicos, ni aumentos en los honorarios profesionales”, que son los que sufren directamente las prestadoras de salud y los profesionales médicos y que repercute en el bolsillo de los pacientes, que al elevado costo de su afiliación, ahora deben pagar un plus por la atención médica.

El presidente del Consejo de Médicos, Dr. Héctor Rolando Oviedo, en diálogo con el diario Puntal, de la ciudad de Río Cuarto, expresó que la situación es consecuencia de una serie de prácticas que realizan distintos actores del sistema de salud, que termina afectando fuertemente a los prestadores -instituciones y trabajadores de la salud- que son los que toman contacto directo con los pacientes y sus padecimientos”.

El presidente de la institución médica señala una causa evidente que ya cuenta con el carácter de  histórica, que es la demora, en promedio de tres meses a seis meses, del pago de una práctica médica o un estudio, distorsionando el funcionamiento del sistema de salud. Y la define como injustificada “porque si bien podría entenderse en los tiempos que se utilizaba para completar las gestiones administrativas, muchas veces engorrosa, ha quedado superada por la digitalización que dejó atrás la tramitación analógica”. Es por eso, que en el Documento de CMPC manifestamos claramente que “las financiadoras deben acortar los plazos de pago para evitar el quiebre de las instituciones”.

Oviedo reconoció que hay una asimetría muy grande entre las posibilidades de negociación de médicos y financiadores. “Los grandes tienen mucho más poder de negociación que los pequeños prestadores. Entonces hay como una posición dominante excesiva y aparecen formas de tratar de paliar estas diferencias. A veces son prolijas y otras, no tanto”. De esta afirmación, muchas instituciones médicas reclaman una mayor participación de las autoridades sanitarias.

Por eso Oviedo subraya el planteo que hace la institución al final de su comunicado cuando señala que “los problemas económicos derivados de la inflación y de los errores del sistema no deben pagar los prestadores, sino aquellos que, mes a mes, perciben –sin demoras- un ingreso por su cobertura, es decir las financiadores. No debe hacerse cargo ni los establecimientos, ni los trabajadores de la salud, ni los pacientes”.

El plus se hace cadena
Todos aceptamos que el plus no es legal. Todos aceptamos que su cobro falta a la ética médica. Pero su análisis debe ser integral, evitando la hipocresía de no analizar el tema de una manera total y situacional. No se puede analizar sin tener en cuenta la dura realidad de los colegas. Ya en 2002, un ex presidente de nuestra institución ya fallecido, el Dr. Mario Daniel Fernández, afirmaba que la incapacidad para resolver los problemas del sistema de salud o la falta de valor para afrontar los grandes intereses que lucran con la salud, con mucha hipocresía, “suelen buscar en los médicos en particular y en los prestadores de salud en general, a los chivos expiatorios de sus desatinos”.

Esa mirada sesgada no se condice con el Código de Ética Médico, ya que hay dos artículos que son –o deberían ser- inseparables. Fernández recordaba el artículo 77, “que impone como infracción la conducta de aquel que prestando servicios arancelados cobre adicionales que no corresponden. Pero muchos financiadores no citan el artículo 74 del mismo Código que “obliga al médico a no percibir honorarios inferiores a los fijados como éticos”, que su monto es definido por el Consejo de Médicos, pero que es ignorado sistemáticamente, al igual que el visado de los contratos. Y era claro en señalar que de esa negación, se puede inferir que no hay plus, cuando no se perciben honorarios de las obras sociales o de la medicina prepaga, como ocurre ahora que se paga con tres y seis meses de atraso.

Fernández recordaba al Dr. René Favaloro, a los dos años de su trágica muerte, cuando señalaba que la realidad política y económica, nos han convertidos en “mendigos” de un sistema en crisis, “que nos angustia, nos desvela y nos condena a llamar, llamar y golpear puertas, sin más respuesta que el silencio”.

 

El anuncio de los prestadores
Ignacio Escuti, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba (Aclisa), anunció los primeros días se septiembre, que sus instituciones afiliadas cobrarán un copago a sus afiliados. Los montos variarán en función de la complejidad de cada prestación, señaló el presidente en declaraciones al diario La Voz, y su implementación en toda la provincia “no será fácil de llevarla a cabo pero en principio es una realidad que ya comenzó”, indicó. Para la entidad la situación es apremiante.

En el interior provincial, la crisis se hace sentir con mayor peso, por la escasez de recursos humanos profesionales o la falta de acceso a las especialidades. Andrés de León, ex presidente del CMPC, médico hematólogo y especialista en medicina transfusional, integrante de la dirección del Instituto Médico Río Cuarto, en entrevista con Córdoba Noticias da cuenta de lo difícil que es para los hospitales privados el seguir adelante.

“Desde la última devaluación los insumos médicos han sufrido incrementos de hasta el 300%, dependiendo de los componentes importados. Esta realidad no se ve reflejada en los pagos que hacen las obras sociales y los financiadores de la salud”, sostuvo. No obstante asegura que el “copago” que se le pide a los pacientes, no es justo para quienes son el eslabón más débil del sistema.

El titular de Aclisa estima que se pedirá al afiliado el pago de unos $3.000 extra por consulta y que subirá según se trate de un estudio de diagnóstico por imágenes o incluso una cirugía, señaló a La Voz. Definió la medida como un “recurso extremo”. El titular de Aclisa estimó que es muy probable que esto no rija para los afiliados de la obra social de jubilados Pami, ya que ésta hizo esfuerzos para adecuarse a la situación de las empresas de salud, después de la devaluación. En tanto, Apross anunció que intimará a las instituciones que no cumplan con los acuerdos y según información periodísticas afirman que ya se habrían producido penalizaciones.

Por su parte, el Colegio de Psicólogos anunció que realizará una presentación judicial reclamando un amparo en contra del Apross. A su vez, la Asociación de Prestadores de Hemodiálisis y Trasplantes Renales del Centro informó que los centros de Capital y Provincia no recibirán nuevos pacientes de diálisis, ya que sostienen no estar en condiciones de brindarles el tratamiento dialítico correspondiente. La reacción de los profesionales de la salud se extiende no sólo en Córdoba, sino en todo el país.

El drama de los pacientes
Natalia Lazzarini, periodista de La Voz del Interior, afirma tras una investigación, que ante el conflicto entre prestadoras y financiadores, ya sean obras sociales o medicina prepaga, los pacientes preocupados priorizan las urgencias. La mayoría de los centros privados ya comenzaron a cobrar las consultas a los afiliados. Algunas personas postergan controles de rutina y suspenden tratamientos por falta de medicación.

Subraya el hecho de que con motivo que el sistema de salud de gestión privada está desregulado, cada clínica tomó sus propias decisiones que, en la práctica, terminaron por confundir a muchos pacientes.

La realidad es que la mayoría de las clínicas están cobrando por consulta (desde $2 mil en adelante), cuando se pide un turno y explican que puede haber una nuevo pago (de $3 mil) a cobrar por el profesional cuando es atendido.

La situación de los jubilados es realmente dramática. En un ómnibus urbano, un anciano se quejaba, al borde del llanto cuando decía que hasta ahora era afiliado a un importante obra social sindical que brinda la atención de la salud a través de un también centro médico, que por su edad pagaba 48 mil pesos en el mes de agosto, que debía pagar mensualmente sin atraso, y su jubilación en ese mes apenas llegaba a los 70 mil pesos. A lo que tenía que agregar los costos de los medicamentos, que aún con los descuentos de la obra social, eran significativos, pero además vivir, con precios de los alimentos que no dejaban de subir. Con sus 82 años, había iniciado sus trámites en el PAMI, el único refugio que otorgaba atención y remedios gratuitos.

La salida individual
Según una nota de la periodista Ana Ceballos, la situación del sistema de salud privado, en Argentina, es cada vez más compleja y está al borde un colapso. A los pacientes con demoras en la atención, pagos extras, sanatorios y clínicas desfinanciados, se le suma que muchos profesionales optan por no atender mediante obras sociales y prepagas. Cita testimonios de médicos generalistas, fundamentalmente de Buenos Aires, que señalan que con la demora en los pagos, atender a pacientes de obras sociales y prepagas “no nos conviene. Una consulta que cobramos a 2 mil pesos, la terminamos cobrando 3 meses después con suerte”, afirman.

Otros colegas, ante la gravedad de no cobrar en tiempo y forma, acuden para defenderse económicamente a un plus como medida extrema y que es sin duda injusto que lo pague el paciente. Por eso, el Dr. Diego Bernard, vicepresidente del CMPC, afirmó en Cadena 3, que en muchos casos “no hay otra alternativa”.

Son sin duda salidas individuales, entendibles, que no resuelven la situación general y profundizan lamentablemente la crisis. Por eso resuenan las palabras de Mario Daniel Fernández, ex presidente del CMPC, ya fallecido, de una necesidad que no se ha podido concretar, a pesar de muchos esfuerzos: “La indefensión proseguirá ganando terreno, si los médicos no somos capaces de leer atentamente los datos de la realidad y reconocer sin tapujos que somos trabajadores de la salud, que no tenemos otros medios de defensa que los mecanismos y los instrumentos creados por los trabajadores en su larga historia de lucha; que requerimos como los trabajadores el ejercicio de la solidaridad; que dependemos de la capacidad de organización y movilización que supieron vertebrar como respuesta a situaciones de injusticia y negación de los derechos”.

Una crisis nacional
Hemos puesto el acento en lo que sucede en Córdoba, pero es evidente que es una crisis nacional. Néstor Porras, titular de la Federación de Clínicas de Buenos Aires, en entrevista con el periodista Gastón Garriga, realizaba importantes aportes para el análisis del problema.

La institución que fue creada en 1956, llegó a tener 400 miembros, en tanto que hoy apenas supera los 300. No es un dato menor. Hay quienes en medio de la crisis, según Porras, hacen grandes negocios. Según su experiencia, “las clínicas rara vez desaparecen, por lo general cambian de manos, las toma alguien con más espalda. Es decir, el viejo dicho: el pez grande se come al chico. El pez grande tiene mejor llegada a los financiadores privados, consigue mejores plazos y condiciones de pago. A río revuelto ganancia de inversores. Nosotros, en cambio, podemos llegar a cobrar a 180 días, porque primero viene la fecha de la práctica, luego la de presentación de la facturación y por último el cobro. En la provincia de Buenos Aires hay un proceso de concentración que se expande.