Recuperar el orden público de los honorarios, una discusión clave

El tema fue abordado en uno de los paneles del Sexto Encuentro Nacional de Graduados y Organizaciones Profesionales. La experiencia de los colegios que los mantuvieron o los recuperaron. En la charla participaron la Magister Liliana Barbero, Coordinadora del Observatorio de Profesionales de la Federación de Profesionales de Córdoba; el Dr. Carlos Arrigoni, asesor letrado de la Federación de Profesionales Universitarios de Córdoba (FEPUC); el Arq. Daniel Del Pino, Presidente de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Buenos Aires, y la ingeniera en Construcción, Edith Rougier, presidenta de la Asociación de Entidades Profesionales Universitarias de Entre Ríos.

Situación actual de los profesionales 

La Magíster Liliana Barbero describió los datos arrojados por la cuarta encuesta anual de Profesionales y por la octava encuesta provincial que se realizó en Córdoba, que se efectuaron en mayo del año pasado. “Los estudios que venimos realizando en Fepuc a lo largo de estos años revelan serias problemáticas en relación con las condiciones laborales de los profesionales”, anticipó Barbero.

“Los bajos ingresos, la pérdida del poder adquisitivo, afecta a todo el sector”, añadió. Y completó: “La inestabilidad en la contratación de los profesionales generada por la flexibilidad laboral de estas últimas décadas, sumada a la desregulación de los honorarios, son una realidad constante”. Además, indicó que se observa una notable brecha entre los ingresos de varones y mujeres por el mismo trabajo, al tiempo que la precarización de los jóvenes es una constante al ingreso del ejercicio profesional.

“La distribución de la modalidad de contratación no es la que conocimos quienes ejercimos en la década de 1980, cuando uno era asalariado o era independiente. Hoy, tenemos un vasto abanico de condiciones de contratación y algunas están fuera de los contratos laborales”, explicó. Precisó que un 34% de la población de los profesionales ejercen de manera totalmente independiente, mientras que un 30% lo hace en relación de dependencia y un 19% que combina el trabajo de profesional independiente con la relación de dependencia. “Después, tenemos un espectro de situaciones, como la locación de servicios propiamente dicha, aquella en la que nos contratan para brindar un servicio profesional y que tiene un término, pero que tiene un reconocimiento laboral, aunque quien lo realice no cumpla horario, pero representa a sólo el 3% del universo de profesionales”, señaló.

Barbero, quien también es expresidenta de Fepuc, destacó, sin embargo, que “lo más preocupante es el 10% de profesionales que está trabajando con una locación de servicios que es una relación de dependencia encubierta. En Córdoba, inclusive, es mayor, un 13%”. Aclaró que, en esta situación, el profesional concurre todos los días a un lugar de trabajo, recibe órdenes de su empleador, le manejan la agenda profesional – esto es muy común en el ámbito de la salud, aseveró- no tienen derecho a vacaciones, no tienen licencia por maternidad en el caso de las mujeres profesionales, y su futuro previsional está totalmente condicionado por el aporte que hacen al monotributo. “Y después tenemos también la presencia de becas, programas de Gobierno o trabajadores informales que están representando un 4% de los profesionales”, continuó. “Es decir que, del espectro profesional, a nivel nacional el 51% no tienen ninguna relación de dependencia. Y en Córdoba eso asciende al 60%”. 

 

De acuerdo con lo informado por la expositora, desde la pandemia fue creciendo la modalidad de relación de dependencia encubierta, al tiempo que también se incrementa la presencia de quienes combinan la relación de dependencia con el trabajo independiente.

“En Córdoba, la estrategia de los profesionales de sumar al trabajo independiente algún trabajo en relación de dependencia tiene que ver con la búsqueda de la seguridad social de los trabajadores profesionales”, explicó.

Resumió, entonces, que el escenario más preocupante es el de quienes sólo se desempeñan de manera independiente. “Un asalariado tiene la posibilidad de los convenios colectivos realizados por los gremios que los representan, pero los trabajadores independientes nos tienen solo a nosotros, a los colegios profesionales, que pueden contribuir a la defensa de su derecho laboral”, apuntó al respecto.

Finalmente, indicó que estas condiciones empeoran en algunos municipios. “A veces, en los cambios de gestión, se renueva toda la plata de profesionales”, concluyó.

Por su parte, el Arq. Daniel Del Pino presidente de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Buenos Aires (FEPUBA) relató cómo la Provincia de Buenos Aires logró mantener el carácter de orden público de los honorarios en el momento en el que muchas provincias lo perdieron, en la década de 1990.

“Estuvo íntimamente ligado a la colegiación. Si no hubiéramos podido mantener nuestras leyes de colegiación, tampoco habríamos podido sostener el orden público de los honorarios y nuestras especificaciones arancelarias”, aseguró.

Del Pino relató que, en la provincia de Buenos Aires, la colegiación se remonta al  siglo 19. El primer colegio que se creó fue el de escribanos, en 1889, con lo cual ya tiene 136 años. La ciudad de La Plata se fundó en 1882.  “Delegar en los propios interesados fue la forma en que la provincia pudo descentralizar actividades que los organismos de gobierno no podían desarrollar”, amplió y aclaró que esto incluyó el control de la matrícula, el ejercicio profesional y la ética.

Advirtió que esto puso de manifiesto la necesidad de que estas organizaciones tuvieran la denominación de entidad pública no estatal. “Inevitablemente, eso nos empezó a transferir la posibilidad de proyectar y proponer los distintos honorarios que permitieran que el profesional pudiera desarrollar honorablemente su actividad y que, por otra parte, la sociedad tenga la seguridad de que esa persona que está desarrollando esa actividad va a prestar el mejor servicio”. 

Explicitó, entonces, que tener una remuneración digna se emparenta con la necesidad alimentaria. en la provincia de Buenos Aires el año pasado hubo tres proyectos de ley apuntando a modificar la actividad en los colegios profesionales, pero que quedaron en comisión en la cámara de Diputados. De todas formas, rememoró que los embates más duros fueron los de comienzos de la década de 1980 y de la década de 1990.

“En pleno apogeo de Cavallo, se lanzó la desregulación de todo, incluidas las profesiones universitarias. Las colegiaciones eran provinciales, por lo tanto, eso no alcanzaba a las provincias, pero las provincias tenían que adherir y varias lo hicieron. Algunas con el tiempo, recuperaron lo perdido; otras, no lo recuperaron nunca”. 

Informó que en la provincia de Buenos Aires se juntaron los presidentes de todos los colegios y de las cajas profesionales. “Empezamos a hacer lobby, fuimos a ver al gobernador, que en ese momento era Antonio Cafiero, él se comprometió a que, mientras él estuviera, eso ahí no iba a avanzar, la provincia no iba a adherir”. Y agregó: “Eso pasó, pero al poco tiempo hubo elecciones y vino Duhalde, otra vez fuimos a la carga y también se comprometió. Pero en el medio hicimos muchas movidas”. 

Precisó que la CGP convocó a todos los actores relacionados a un encuentro en el hotel Sheraton, de la Ciudad Autónoma y dijo que “fue una movida impactante, en un momento en l que no había redes sociales, como ahora en la que la información circula permanentemente. Se hizo en el Sheraton porque era uno de los pocos lugares que tenía mucho espacio y además la idea era que retumbara”.  Añadió que también se reunieron con Carlos Menem, quien en ese momento era presidente, en su provincia, La Rioja.

“Eso nos permitió quedarnos bastante ‘embalados’ y, como al poco tiempo se hizo la reforma constitucional de la provincia en 1994, logramos incorporar en los artículos 40 y 41, el estado constitucional de colegios y cajas. En el 40 van las cajas donde dice que se reconoce la existencia de los regímenes previsionales de los profesionales universitarios, y lo mismo dice en el 41 en relación con los colegios”, recordó. “Toda esta situación nos ha permitido mantener las instituciones y el orden público hasta ahora, porque nos mantuvimos organizados, unidos, firmes y tuvimos buena recepción”. 

“Entonces, me parece que es fundamental no sólo reivindicar estas cosas, sino realizar acciones concretas, que tienen que ver justamente con encontrarnos, con organizarnos y con reivindicar cosas que no son un privilegio”, cerró.

En tercer lugar, se expresó Edith Rougier, de la Asociación de Profesionales de Entre Ríos, entidad que recuperó el orden público de los honorarios. “Viví lo que sucedió desde adentro del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos, un colegio que nucleaba seis matrículas: arquitectos, agrimensores, ingenieros civiles, ingenieros especialistas, ingenieros agrónomos, y técnicos y maestros mayores de obra. Luego, lamentablemente, nos separamos. A la distancia, nos dimos cuenta de que hubiera sido preferible seguir unidos, pero en aquel tiempo creíamos que era lo mejor, que estábamos haciendo bien”. 

Rougier recordó que fue el decreto nacional 2284/91 del 31 de octubre de 1991 –conocido como “desregulación económica”–, había dejado el orden público de los honorarios sin efecto. Y citó el texto de los artículos relacionados. El 8, estableció: “Déjanse sin efecto las declaraciones de orden público establecidas en materia de aranceles, escalas o tarifas que fijen honorarios, comisiones o de cualquier tipo de retribución de servicios profesionales no comprendidos en la legislación laboral o en los convenios colectivos de trabajo, en cualquier clase de actividad, incluyendo los mercados de activos financieros u otros títulos establecidos aprobados u homologados por leyes, decretos o resoluciones”. 

En tanto, el artículo 9 indicó: “Prohíbase toda forma directa o indirecta de cobro centralizado de las retribuciones mencionadas en el artículo precedente, a través de entidades públicas o privadas. Esta prohibición no afecta el cobro de la matrícula, cuotas sociales o de otras sumas de dinero por conceptos análogos que perciban dichas entidades, de sus miembros o asociados cuando hubieren sido pactados libremente”. 

Finalmente, el artículo 11 impuso: “Ninguna entidad pública o privada podrá impedir, trabar, ni obstaculizar directa o indirectamente la libre contratación de honorarios, comisiones o toda otra forma de retribución, no comprendidos en la legislación laboral o en convenios colectivos de trabajo por la prestación de servicios de cualquier índole. Cuando las partes deseen apartarse de las escalas vigentes”. 

Dicho de otra manera –aclaró Rougier– dejaba a los profesionales negociar los honorarios según la oferta y la demanda. A través de la ley 8622 de 1992, la provincia de Entre Ríos adhirió al decreto de desregulación.

La dirigente señaló que, años después, Alejandra Casas, de Fepuc, llevó a la CGP un royecto de recuperación del orden público de los honorarios. Ese proyecto, Amado Siede lo puso en consideración en Apuer, que en 2012 lo presentó y comenzó el proceso de reunirse con legisladores, hasta en 2015 la Cámara de Diputados de la Provincia permitió que se convirtiera en ley. “Hoy tenemos a los colegios profesionales respaldándonos, acompañándonos en el inicio de nuestra actividad profesional”, finalizó.

El último disertante fue el Dr. Carlos Arrigoni, abogado de Fepuc, quien enfatizó: “La unidad es fundamental para que pidamos el reconocimiento del orden público de los honorarios profesionales. Y hablo de reconocimiento porque no estamos pidiendo un privilegio, sino que es un derecho que tiene raigambre constitucional”. 

Manifestó que la primera pregunta que hay que hacerse es si los profesionales somos trabajadores o no. Como lo somos, continuó, nos cabe el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que –destacó– está desvinculado de cualquier signo político y dice: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea”. 

 

“El orden público significa que no rige el principio de la autonomía de la libertad, que regula las relaciones privadas, es la aplicación obligatoria de una regla. Los honorarios profesionales cuando son de orden público tienen carácter irrenunciable. Determina la nulidad de todo pacto que perfore los mínimos establecidos por los regímenes arancelarios o establezca la gratuidad de los servicios profesionales”.