En Argentina, el acceso a la inmunización está garantizado por un calendario nacional, gratuito, obligatorio y universal. Agosto es el mes en el que se impulsa esta herramienta clave de prevención.
Por: Valentina Oviedo
El mes de las Infancias invita a reafirmar la salud como un derecho humano fundamental y una responsabilidad colectiva. Esto es reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que cada niño debe disfrutar del más alto nivel posible de salud y de servicios de atención, prevención, tratamiento y recuperación.
La vacunación es una herramienta esencial para hacer efectivo ese derecho y trasciende una decisión individual. En Argentina, el acceso a las vacunas está garantizado por un calendario nacional gratuito, obligatorio y universal.
Sin embargo, en los últimos años las coberturas de vacunación pediátrica han mostrado un preocupante descenso. Miles de niños no completan los esquemas previstos, lo que debilita la protección individual y colectiva. Las causas responden a múltiples factores, como la creciente circulación de información falsa que genera dudas sobre vacunas cuya eficacia cuenta con respaldo científico.
Esta situación favorece la reaparición de enfermedades que habían sido controladas o hasta eliminadas del país. El resurgimiento de casos de sarampión en Argentina constituye una señal de alerta que evidencia las consecuencias de la caída de las tasas y la necesidad de fortalecer las políticas de inmunización.
Ante este escenario, resulta necesario generar espacios de encuentro entre las distintas instituciones del sistema sanitario para construir consensos, fortalecer la comunicación pública y promover estrategias que permitan recuperar las coberturas de vacunación.
Con ese objetivo, el Consejo reafirma su compromiso con la defensa del derecho a la salud a través de una atención centrada en la prevención, el acceso equitativo y el acompañamiento.
La creación de la Red de Inmunizaciones en julio del año pasado convocó a instituciones comprometidas con la salud pública para articular acciones orientadas a mejorar las coberturas de vacunación.
Entre ellas se llevaron a cabo conversatorios sobre el impacto de la comunicación en la salud de la población, ateneos de seguridad en vacunas, campañas de prevención, jornadas de vacunación y actividades conmemorativas por el día del vacunador, donde se premió a escuelas cuyos alumnos completaran sus carnés de vacunación.
Asimismo, se impulsó una iniciativa legislativa para fortalecer las políticas públicas de inmunización, la Ley Provincial N.º 11.093, que establece al mes de agosto de cada año como el Mes de la Vacunación, en el que se realizarían campañas de concientización, difusión y promoción de la vacunación, garantizando la gratuidad y el acceso equitativo a las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación.
Diego Almada, médico e integrante de la Junta Directiva del CMPC, sostiene que la institución asume el compromiso de la creación de un espacio de trabajo sostenido y propositivo, e invita a todos los actores del sistema a asumir el compromiso de mejorar nuestra realidad.
«Sabiendo que vivimos un tiempo en el que prácticamente todo está puesto en duda, nos esforzamos por recuperar y resignificar la verdad a partir de la evidencia. Las vacunas salvan vidas y es nuestro deber cuidar la vida. La infancia no es el futuro. Es ahora», concluye.
El marco legal
Eugenia Peisino, doctora especialista en medicina familiar y general, epidemiología y salud pública, y miembro de la Junta Directiva del CMPC, destaca la importancia de que exista un marco normativo que garantice el derecho a la vacunación de las infancias. Es decir se trata de una obligación legal, cumplir con el Calendario Nacional de Inmunización», explica. «Es un derecho como ciudadanos, por eso el Estado debe proveer las vacunas y los insumos. Pero también es un deber con el que debemos cumplir”.
Esto está respaldado por la Ley Nacional N.º 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, que declara a la inmunización como una estrategia de salud pública que es preventiva y altamente efectiva, sujeta a los principios de gratuidad, prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular y obligatoriedad para todos los habitantes del país.
En el caso de las infancias, padres o tutores son responsables de la vacunación de los niños a su cargo. Los miembros de establecimientos educativos y de salud que tuvieran conocimiento del incumplimiento de lo establecido deberán comunicarse ante el Servicio de Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes. La norma establece mecanismos para garantizar su cumplimiento, priorizando siempre el interés superior del niño por sobre la voluntad de los adultos.
En concordancia con lo declarado por la ley, la Sociedad Argentina de Pediatría sostiene que las vacunas son “una estrategia de salud pública que garantizan, con una mínima injerencia en la libertad individual, un alto beneficio individual y social” y define a la salud infantil como “un derecho del niño, una responsabilidad de los adultos y una obligación del Estado”.
